Covid-19 modificó la interacción social. Desde el saludo hasta la manera de estar presente en sociedad. Debemos reiniciar la actividad de manera gradual, priorizada y planificada para reducir el peligro del contagio. La justicia es esencial. Ningún estado de excepción puede suspenderla. La cuestión es que esta fuerza mayor plantea una nueva normalidad en el servicio judicial para evitar el peligro real, grave e inminente.
La justicia con sana distancia es la solución que permite atender lo urgente pero también reactivar en forma segura lo ordinario. En Coahuila, los jueces hemos comenzado a ensayar la justicia digital. No solo está en juego la vida de las personas sino la propia función judicial. El que no entienda la era iuscovid va a hacer más visible la pandemia judicial. El riesgo es alto. La justicia digital no es de ocurrencias ni de reticencias. La crisis actual es el mejor escenario para cambiar el sistema judicial. En los meses de distanciamiento social la justicia enfrenta el cambio global.
Las formas procesales comienzan a cumplirse a distancia. Pero esta herramienta excepcional debe garantizar el debido juicio. No podemos asumir medidas apresuradas o mal pensadas. Están en juego los derechos y bienes de las personas. Desde el 15 de abril asumí en el Pleno una posición conjunta con la magistrada Galván Tello. En un voto desarrollamos no solo los argumentos constitucionales que desde 2013 debemos observar en Coahuila, sino que, además, fijamos los criterios que deben discutirse para implementar el juicio en línea. Planteo algunas ideas.
El primer paso es un sistema confiable que autentifique a las partes. Los jueces lo hacen en cada caso. Pero el tráfico judicial nos va a colapsar. Pensar en un sistema digital para reconocer a las partes en juicio: su personalidad-e, domicilio-e y firma-e. Debemos, asimismo, implementar el expediente en línea. Lo hacen en otros tribunales. En nuestra entidad el Tribunal Electoral de Coahuila es el primero en tener su juicio-e validado por la justicia federal. Hace un par de semanas, incluso, me toco instruir un juicio en doce días: toda la actuación judicial en forma digital, videoaudiencia, amicus curiae, máxima publicidad y en tiempo real.
El reto es implementarlo en todas las materias civil, mercantil, familiar, penal y laboral.
Nuestro presidente del Tribunal, Mery Ayup, nos ha convocado a esta nueva forma judicial. No se trata de celebrar audiencias Zoom. La cuestión es llevar toda la actuación judicial en línea. Facilitar la comparecencia-e. El desahogo del juicio debe ser seguro-e. Los jueces con un Legal Tech nos permitiría actuar en tiempo real. Si lo logramos, las partes no tienen que ir al juzgado más que a lo necesario. Con un clic se presentarían demandas, pruebas, alegatos, recursos, impedimentos.
Hacer la promoción-e. Las autoridades debemos garantizar la intercomunicación digital. Entregar oficios en papel es obsoleto. De hecho, lo hacemos. El gobierno digital debería de ser una propuesta a discutir en el congreso. Todo esto se dice fácil. En realidad no lo es. No solo es un problema informático. Es una reingeniería digital del debido proceso. Hay que darle certeza legal. Pero sobre todo accesibilidad. Usamos formas de 200 años. No es fácil cambiarlas.
Pero ahora es la única oportunidad. Esta tarea la debemos hacer en unidad. Los jueces debemos facilitar la más amplia participación de la abogacía, expertos, organismos internacionales y de la sociedad civil. Si tenemos que hacer una reforma hay que hacerla con el mayor consenso. Si tenemos que implementar un plan piloto debemos discutirlo antes. Si tenemos que formar al nuevo perfil, lo debemos hacer con un cambio de paradigma. Covid-19 mandará a la tumba el tortuguismo judicial. Si no, la crisis se acentuará. En Coahuila tenemos sociedad crítica; los tres poderes son sensibles. Nos jugamos mucho: el cambio o retroceso generacional de la justicia.
FUENTE: MILENIO
