Por GUILLERMO RAÚL ZEPEDA LECUONA
La efectividad es el principal criterio por el que la sociedad evalúa a las fiscalías del país. Una de las principales promesas del sistema acusatorio fue la reducción de la impunidad, al reorientar los escasos recursos del sistema penal a los delitos de mayor impacto social; en tanto que los delitos no violentos o no intencionales se canalizaban a la justicia alternativa (conciliación, mediación, junta restaurativa), o bien a otra salida alternativa, como la suspensión condicional del procedimiento o el procedimiento abreviado.
Lamentablemente solo en algunos estados se ha cumplido esta promesa.
De acuerdo con el estudio Hallazgos 2018 de México Evalúa y el Índice de Desempeño de las Fiscalías 2019 de Impunidad Cero y Jurimetría, solo Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Durango y Guanajuato han logrado incrementar notablemente su capacidad de investigación criminal y reducir la impunidad. De cada cinco carpetas de investigación solo se resuelve una (19.2%).
A nivel nacional, las fiscalías solo derivan a los centros de mediación penal 6.1% de los asuntos ingresados (Hallazgos 2018, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública -SNSP-), siendo que entre delitos no intencionales (accidentes de tránsito, por ejemplo) y delitos no violentos (amenazas, fraudes o robos sin violencia) suman casi 35 por ciento de las denuncias.
Los estados que muestran mejor desempeño, son aquellos que utilizan un modelo de gestión que permite que, además de aumentar los casos canalizados (en Oaxaca, casi la mitad de las carpetas iniciadas) y resueltos en los centros de mediación, se incremente la cantidad de investigaciones concluidas en las que se declara el no ejercicio de la acción penal o se solicita la vinculación a proceso de los imputados.
Algunos estados como Guanajuato, Coahuila y Querétaro han desarrollado gran parte del potencial de la justicia alternativa.
Un dato esperanzador para Jalisco es que si bien el estudio Hallazgos 2018 lo coloca debajo de la media nacional de asuntos canalizados por la Fiscalía a la justicia alternativa (6.1 por ciento) al presentar 3.8% de asuntos enviados a mecanismos alternativos durante 2018, ya en junio de 2019 esta cifra aumentó a 11.8 por ciento (dato presentado por el Secretariado Ejecutivo del SNSP).
La meta del actual gobierno es poder llegar al 15 por ciento en los primeros 18 meses de esta administración.
Esto permitiría dedicar la mayor parte de los recursos para las investigaciones de los delitos de mayor impacto social que permitan aumentar las tasas de asuntos vinculados a proceso y reducir la impunidad de delitos como homicidio.
Jalisco ha adoptado las buenas prácticas de un modelo de gestión que selecciona los asuntos que pueden ser resueltos por justicia alternativa.
También, la entidad cuenta ya con facilitadores certificados, además de adoptar esquemas de seguimiento que garanticen el cumplimiento de los acuerdos reparatorios.
Es un paso fundamental para reducir la impunidad y recuperar la tranquilidad de los jaliscienses.
FUENTE: https://www.milenio.com/opinion/guillermo-raul-zepeda-lecuona/laberinto-de-la-legalidad/justicia-alternativa-en-materia-penal
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